En una mala pedagogía cívica, una vez más el Presidente del Estado ha recomendado que si la ley vigente obstaculiza una propuesta que el círculo privilegiado del poder considera necesaria para el país, pues hay que incumplir la norma y, para salvar responsabilidades, hay que utilizar a los abogados para que legalicen lo ilegal pues, de acuerdo al criterio presidencial, para eso existen.
Se trata de una visión errada. La norma no está hecha para perjudicar, sino para hacer que el manejo de los recursos del Estado –que no son de quienes circunstancialmente ocupan el Palacio Quemado– sean correctamente administrados. Por ejemplo, en el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que el Gobierno quiere consolidar en el imaginario popular como “la” empresa estatal por excelencia, se manejan elevadas sumas de dinero y si se aconseja no cumplir las normas que pueden dificultar la ejecución de proyectos, no es difícil caer en tentación... El Primer Mandatario debería recordar cuántos presidentes y gerentes de YPFB ha tenido que cambiar porque han cometido delitos.
En consecuencia, lo que correspondería, en un marco moral de comportamiento, es modificar las normas que innecesariamente retrasan la ejecución de obras o están formuladas para facilitar la corrupción, pero no aquellas dirigidas a hacer que el uso de recursos sea transparente. De hecho, habría que comenzar eligiendo de una buena vez a un presidente de YPFB. Hasta ahora este cargo es ejercido en forma interina, con todas las limitaciones que esto implica y la única explicación posible es porque por la forma en que está nominado su mantención depende sólo de la voluntad presidencial.
Post scriptum. Se hace necesario que el Colegio de Abogados se pronuncie, que los magistrados digan lo suyo y que los "masistas" que están por la legalidad y la transparencia también digan lo suyo. el silencio cómplice del Organo Judicial, hará pensar que todo este conglomerado de instituciones y funcionarios piensan como Evo Morales, lo que sería un craso error de consecuencias catastróficas para la Justicia, para la Democracia, para la construcción nacional.
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