La Contraloría General del Estado presentó ayer el informe legal sobre la investigación al proceso de contratación del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) en el que se identificó que 5 exejecutivos son responsables de un daño económico al Estado de al menos 23.2 millones de dólares.
La adjudicación de las obras de la represa de Misucini al Consorcio se realizó en 2009.
La adjudicación de las obras de la represa de Misucini al Consorcio se realizó en 2009.
El contralor general del Estado, Gabriel Herbas, señaló que tras haber revisado “cajas y cajas” se encontró un contradocumento por el que la empresa italiana Grandi Lavori presta su currículum al Consorcio a cambio de un 4.5 por ciento que le sería pagado en diferentes oportunidades.
El hallazgo de este contradocumento permitió determinar la responsabilidad del CHM en el daño económico de 18.9 millones de dólares por la resolución del contrato, ocurrido en noviembre de 2013, las ampliaciones y el incremento de precios, fundamentalmente.
A esto se suma los más de 5 millones de dólares por el anticipo otorgado, mismo que no fue invertido en la ejecución de la obra sino en el equipamiento que supuestamente tenían al adjudicarse los trabajos.
“Cuando se les entrega el anticipo lo que hacen es comprar maquinaria de segunda mano en Estados Unidos haciendo un mal uso del anticipo”, precisó Herbas.
Esta situación derivó en que el Consorcio no tenga los recursos necesarios para gestionar el proyecto, que haya incumplido el contrato y, consecuentemente, que genere un daño económico al Estado por los dineros transferidos a la Empresa Misicuni.
En este proceso, inicialmente se encontraron a cinco responsables que deberán responder ante la justicia por cinco delitos.
Martín Francisco Rovira Rada, en su calidad de representante legal del CHM, deberá afrontar los delitos de sociedades o asociaciones ficticias, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de contratos.
Eduardo Gómez Vásquez, en la representación legal de la empresa venezolana Vialpa S.A. (parte del CHM), Raúl Nemtala Caballero, representante legal de la empresa Construcciones Comercio e Industria (CCI Bolivia) y Julio Hernán Espinel Martín, representante de la empresa venezolana de Obras Especiales (Obresca C.A.) son acusados por los cargos de sociedades o asociaciones ficticias, asociación delictuosa y falsedad ideológica.
Mientras que Francesco Senis, en su calidad de representante de la empresa Constructora Grandy Lavori incosit (Spa), es acusado por el delito de sociedades o asociaciones ficticias.
“La pena por este tipo de delitos va de 2 a 8 años de privación de libertad”, informó el subcontralor general del Estado, Henry Ara.
Aclaró que entre hoy y mañana se presentará la denuncia ante el Ministerio Público, donde la Empresa Misicuni debe constituirse en parte querellante y la Contraloría realizará el seguimiento respectivo.
El total del daño es de 83.4 millones de dólares y no 23.4
Gonzalo Maldonado
Presidente Ingenieros Eméritos
Los ingenieros eméritos hicimos conocer nuestra opinión, tanto a la Contraloria como a la Empresa Misicuni, con relacion a la mala calificación que realizo la Comision responsable del proceso de contratación, porque no solo podian estar comprometidos los ejecutivos del Consorcio, sino las autoridades de la Empresa Misicuni.
Respecto al daño económico, la supervisión no debió aceptar la compra de maquinaria de segunda mano, por lo que calculamos un daño de 6 millones de dólares.
Asimismo, por la iliquidez financiera se tuvo que ampliar el plazo, sus efectos fueron que la Supervisión tuvo que ser contratada por 2.9 millones de dólares para continuar dirigiendo la obra. Pero, además, el daño económico se amplía a la pérdida por día que no funcionó la planta hidroeléctrica, que tenía que generar 135 mil dólares diarios, y en los 11 meses de retraso sumarían los 44.5 millones de dólares.
Para reanudar la obra, los nuevos precios de la construcción requieren un incremento de 30 millones. Por tanto el monto total de daño económico es de 83.4 millones de dólares.
Respecto al daño económico, la supervisión no debió aceptar la compra de maquinaria de segunda mano, por lo que calculamos un daño de 6 millones de dólares.
Asimismo, por la iliquidez financiera se tuvo que ampliar el plazo, sus efectos fueron que la Supervisión tuvo que ser contratada por 2.9 millones de dólares para continuar dirigiendo la obra. Pero, además, el daño económico se amplía a la pérdida por día que no funcionó la planta hidroeléctrica, que tenía que generar 135 mil dólares diarios, y en los 11 meses de retraso sumarían los 44.5 millones de dólares.
Para reanudar la obra, los nuevos precios de la construcción requieren un incremento de 30 millones. Por tanto el monto total de daño económico es de 83.4 millones de dólares.
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