Aunque la Contraloría General del Estado acaba de emitir el informe que detectó la conformación de una “sociedad ficticia” para adjudicarse la construcción de la represa del Proyecto Múltiple Misicuni (II) bajo el rótulo de Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) aún hay muchas preguntas sin responder para determinar: cómo fue posible que un grupo de constructoras escapara al control estatal y provocara un daño económico de 23,2 millones de dólares.
Los documentos secretos (I)
La Contraloría General del Estado reveló que el CHM elaboró dos contradocumentos sobre la asociación que conformó para adjudicarse las obras del millonario Proyecto Misicuni. Los papeles definieron la participación, responsabilidad y distribución de utilidades del contrato.
Por un lado, CHM se presentó a la Licitación Internacional 02/07 con seis empresas y le otorgó a la italiana Grandi Lavori la participación mayoritaria y liderazgo técnico. Sin embargo, la asociación suscribió un primer contradocumento para aclarar el porcentaje de participación en las utilidades. En el mismo, la italiana tiene el cero por ciento de utilidades. En tanto, que “CCI” Comercio Construcción e Industria de Bolivia que entró al negocio de 84 millones de dólares con un capital de 10.000 bolivianos recibiría el 30 por ciento de la ganancia, el mayor porcentaje del grupo.
El contradocumento, hoy conocido como el Anexo 16 dentro de la demanda que el seguro Credinform Internacional inició contra CHM, precisa que Grandi Lavori “no tendrá participación en la Asociación Accidental (…) y como prestación recibirá de CCI y Vialpa, Change Consulting Group y Obresca la suma equivalente al 4,5 por ciento del monto del contrato”. A cambio, la empresa italiana “se compromete a otorgar el currículum y toda la documentación requerida en el pliego de especificaciones de la licitación señalada”.
Antes de la firma del contrato con el Estado boliviano, el CHM firmó un segundo documento interno llamado contrato de colaboración empresarial en el cual se remarcó que el objetivo de “CCI y el Grupo”, que aparentemente deja de lado a Grandi Lavori, es obtener el máximo lucro.
Las implicaciones (II)
A once meses de la resolución del contrato entre la Empresa Misicuni y el CHM, la Contraloría General mencionó en el informe No LX-EP10/A14-F2 la existencia de dos reportes legales sobre el contradocumento (Anexo 16) y el convenio de colaboración empresarial del CHM que llegaron a ser de conocimiento de la Empresa Misicuni.
En su informe la Contraloría señaló que por la correspondencia cursada entre la Empresa Misicuni, el CHM y Grandi Lavori Fincosit se establece que los ejecutivos de la primera conocían los acuerdos internos del consorcio. Sin embargo, por el momento no se ha mencionado la responsabilidad que tendría el expresidente de la Empresa Misicuni, Ramiro Saníz, que hasta 2013 avaló la permanencia del CHM e incluso llegó a aseverar que la salida de la constructora italiana no afectaba al proyecto.
El gobernador Edmundo Novillo que ahora pide ampliar la investigación sobre el daño económico responsabilizó el pasado 15 de julio, durante la firma de contrato para el reinicio de obras con la empresa Camce, a los italianos por los problemas. “Para mí el problema de fondo se origina en que este proyecto estaba condicionado a que se ejecute por una empresa italiana”, dijo.
A pesar de las conclusiones del informe de la Contraloría aún hay temas pendientes como examinar el proceso de calificación, la calidad de la obra y el trabajo de la supervisión.
El asambleísta de oposición, Henry Paredes manifestó que el informe del contralor, Gabriel Herbas, “está bien, pero, deja un sabor amargo”. Pues, se deberían realizar al menos dos auditorías más: a la Empresa Misicuni y a la supervisión.
Las irregularidades (III)
Si bien los contradocumentos que revelan irregularidades en la constitución del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni, la empresa a cargo de encaminar la ejecución del proyecto tuvo señales de las anomalías desde un principio, como cuando se conformó una comisión calificadora para una licitación internacional con funcionarios intermedios y se hizo un mal uso del anticipo. Pero, quizá la advertencia más seria que los ejecutivos y el Directorio de Misicuni recibieron y pasaron por alto ocurrió en 2011.
La Empresa Misicuni fue alertada a través del informe CM.GG.0111/2011 por el exgerente Carlos Reyes de que el consorcio se encontraba en una “total iliquidez”. Además incumplía con la incorporación de equipos y la provisión de materiales, baja productividad, cuando debía facturar más de 2 millones de dólares, sus planillas no pasaban de 700 mil dólares.
Cuestionan a supervisión
El presidente de la Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba (Aiseme), Gonzalo Maldonado, cuestionó el informe de la Contraloría General del Estado que no estableció indicios de responsabilidad civil, penal, administrativa y ejecutiva por el daño económico ocasionado por el consorcio.
Maldonado preguntó: por qué la comisión calificadora, el directorio o bien el presidente aprobaron al consorcio. Expresó que la comisión calificadora debería haber revisado y verificado la veracidad de la información presentada. La misma instancia debía haber revisado que las empresas cuenten con el equipo mínimo requerido, así como el personal ofertado.
El representante también cuestionó el rol de la empresa supervisora Engevix Caen que comenzó a trabajar un año antes a la firma del contrato y que contaba con un encargado de la administración del contrato.
APUNTES
Líos de empresas
Las sospechas sobre la idoneidad de las empresas comenzaron desde el momento en que las constructoras colombianas y una venezolana consignaron un mismo domicilio legal en Bogotá. Sin embargo, las alertas sobre los problemas que afrontaban las empresas del Consorcio continuaron. En 2010, Vialpa fue denunciada en Venezuela por incumplir con las obras de civiles del proyecto Bus-Caracas y con los aportes laborales de 109 obreros. En Colombia, la empresa Grandi Lavori se retiró en 2011 de un millonario proyecto caminero. El periódico El Tiempo de Colombia dijo que se realizaron fuertes reclamos a la Embajada de Italia por el incumplimiento de Grandi Lavori porque el “contrato le quedó grande”. En todos los casos los portales digitales de las empresas se encontraban fuera de servicio desde 2012.
Uso del anticipo
Los cuestionamientos al Correcto Uso del Anticipo de 18 millones de dólares que recibió el consorcio no son recientes ni se limitan al informe que emitió la Contraloría General del Estado, el pasado lunes 20 de octubre, al establecer que al menos 5 millones de dólares se usaron para comprar maquinaria que se suponía que las empresas ya tenían.
En 2010, la supervisora Engevix Caem, informó en un documento a la Asamblea Legislativa Departamental que sólo el 82 por ciento de los recursos del anticipo tenían algún tipo de respaldo. Luego, en 2011, la gerencia de Misicuni advirtió al presidente de entonces, Ramiro Saníz, y a los representantes del directorio que el consorcio tenía una “total iliquidez” y recomendó analizar la continuidad de las constructoras en el megaproyecto, destinado a reducir el déficit de agua.
El directorio
El asambleísta de oposición Henry Paredes manifestó que los representantes de la Gobernación y de los municipios en el directorio de Misicuni son corresponsables del daño de 23,2 millones de dólares ocasionado al proyecto.
La Empresa Misicuni debía ser una de las más fiscalizadas al contar con 24 representantes de instituciones y organizaciones en el directorio.
Hasta 2011, cuando surgieron más señales de las irregularidades, el directorio estaba presidido por Ramiro Saníz y el ministro de Medio Ambiente, Edwin Laruta. En 2009, cuando se firmó el contrato con el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni se encontraba como ministro del área, René Orellana. La Gobernación tenía como delegado a Freddy San Millán. La Alcaldía de Cercado a Hernán Ayala y el Comité Cívico a Gonzalo Maldonado.
El consorcio
Los Tiempos intentó conocer la versión del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni sobre la determinación de la Contraloría General del Estado de procesar a los representantes del grupo por los presuntos delitos de conformación de sociedades ficticias, uso de instrumento falsificado, falsedad ideológica e incumplimiento de contrato.
Sin embargo, el único contacto del consorcio y hermano del representante, Pablo Rovira, dijo que se pronunciarán posteriormente. Añadió que se defenderán en las instancias que correspondan y dijo brevemente en un contacto telefónico que la empresa italiana Grandi Lavori sí era parte de CHM. Lo último que se sabe es que el consorcio le ha enviado una carta al presidente Evo Morales dando a conocer su versión sobre el manejo del Proyecto Múltiple Misicuni.
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