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jueves, 6 de octubre de 2011

tanto va el cántaro a la fuente que...sí. jugar con fuego. basta ya Evo de acusar sin son ni ton. resulta que la Policía es un cuerpo sensible, paciente y resignado pero reacciona con fiereza...sabe usted lo que pasó el 9 de abril?


La Policía Nacional ha sido puesta en el banquillo de los acusados por el Gobierno a raíz de la brutal represión que algunos de sus oficiales aplicaron contra los marchistas de los pueblos originarios de tierras bajas en Yucumo, el domingo 25 de septiembre.
El presidente Evo Morales ha dicho públicamente que sospecha de una conspiración policial contra las elecciones fijadas para el 16 de octubre y contra su propio Gobierno.
La opinión pública nacional observa con asombro todo este episodio, alarmada por la falta de coordinación entre quienes tienen la misión de gobernar.
Medios de prensa vinculados a personajes importantes del Gobierno han difundido denuncias contra el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, pues revelaron que funcionarios de ese ministerio participaron en la represión de los indígenas.
Y el nuevo ministro, Wilfredo Chávez, ha dicho que una de sus principales tareas en el cargo será la de cambiar la (¿mala?) imagen de la Policía Nacional.
Todo indica que el episodio de Yucumo vino a desvelar un muy profundo mar de discrepancias y contradicciones en el seno del poder central.
Para el ciudadano común fue muy extraño que el Gobierno nacional enviara a la policía a bloquear una carretera, sumándose a la acción que estaban cumpliendo unos ciudadanos que decían actuar en nombre de los “inteculturales”, es decir de los colonizadores, de aquellos que aspiran a ocupar las tierras de los indígenas.
En ese episodio, la Policía estaba tomando partido por uno de los sectores supuestamente en conflicto, frenando el avance de la marcha de los indígenas pero observando con pasividad o complacencia la actitud amenazante de los bloqueadores.
Lo único que querían los indígenas era pasar por el lugar, sin ofender a nadie, pero la Policía fue enviada para frenarlos, reforzando la acción de los bloqueadores.
La explicación de Llorenti era algo forzada, pues decía que la Policía estaba allí para evitar un choque entre los dos grupos, lo que sonó como un pretexto cínico para explicar lo que estaba ocurriendo.
Con tres días de anticipación al domingo 25 de septiembre comenzó la preparación del torpe acto de “evacuación” de los indígenas, pero no de los amenazantes bloqueadores.
La pregunta que se ha hecho la opinión pública nacional y el periodismo boliviano y extranjero, es quién dio la orden de semejante atropello a los derechos humanos de mujeres y niños.
En lugar de dar una explicación consistente, el Gobierno ha optado por señalar a los policías como los únicos responsables del hecho. Sobre el origen de la orden, el ofrecimiento del Gobierno es crear una comisión imparcial que permita identificar a los responsables.
Suena a argucia infantil este ofrecimiento. La Constitución dice que la Policía depende del Ministerio de Gobierno y éste de la Presidencia del Estado Plurinacional, es decir del presidente Morales.
La peor duda que surge en medio de este espectáculo de descordinación y deshonestidad se traduce en una pregunta: ¿Si el presidente no sabe quién toma las decisiones de su Gobierno, decisiones que le corresponden personalmente, quién las toma?
El presidente Morales le debe al país una explicación cabal y valiente de su actuación en este lamentable episodio. Editorial de El Deber. Malestar Policial


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