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viernes, 15 de abril de 2011

La Prensa recomienda evitar la violencia a toda costa a la par que critica el desatino y desorientación del Gobierno en encontrar soluciones al reclamo de los trabajadores por la insuficiencia del salario

En su desorientación, las autoridades han hecho público un documento que hace recuerdo a los “comunicados” de los tiempos de las dictaduras. 

Una vez más —y como sucede desde diciembre pasado—, el Gobierno no atina a solucionar con creatividad, autoridad y sentido de equidad los conflictos sociales que se han gestado por la falta de una estrategia de negociación entre las autoridades del poder central y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y la mayoría de las organizaciones a ella afiliadas. 

Salvo para quienes propician esta movilización, está claro que la demanda por un incremento salarial de más del 10 por ciento es una demasía que no se sustenta sino en una visión de corto plazo y que, aparentemente, carece de memoria para recordar que los costos fundamentales de un proceso inflacionario —que podría provocar un incremento sin respaldo de producción— son los más pobres del país. De ahí que se debe buscar equilibrios macro y microeconómicos que permitan que, a tiempo de persistir en la política de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, se precautele la buena salud de la economía del país. 

Sin embargo, ante la demanda, el Gobierno ha reaccionado erráticamente. Insensibles a la sana crítica, las autoridades no asumen que se está pagando el costo del incremento y posterior anulación del precio de los carburantes que produjo, por un lado, un aumento generalizado de precios y, por otro, en el campo de las percepciones en el seno del movimiento popular, un divorcio con el Gobierno. Es decir, los lazos afectivos que unían al movimiento popular con el MAS y el Gobierno se han debilitado y sólo la figura presidencial, por todo aquello del simbolismo que éste representa, mantenía, aunque afectados, niveles de credibilidad y confianza. 

Era sobre esa base que, por lo que se está viendo, el Gobierno debía negociar. Pero la soberbia y la falta de un análisis crítico de la realidad pudieron más y desde el inicio de las protestas las autoridades han dado pasos en falso continuos, lo que, por una parte, ha envalentonado a los sectores populares y sus dirigentes (que a cada agresión proveniente del Ejecutivo han respondido con otra) y, por otra, dificulta cada vez más arribar a acuerdos que permitan recuperar la normalidad. 

En esa lamentable desorientación, las autoridades han vuelto a caer en error y han hecho público un pronunciamiento de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), “Por la defensa de la revolución democrática cultural”, que, para quienes tienen memoria, hace recuerdo a aquellas manipulaciones de los encargados de propaganda de las sucesivas dictaduras que asolaron al país hasta 1982. Afirmaciones como “los viejos seudodirigentes sindicales sectarios y extremistas, minúsculos partidos políticos pro imperialistas, trotskistas sectarios”; “vemos en estos sujetos a los principales enemigos de la revolución democrática y cultural”, “son simples títeres de la derecha nacional y extranjera”, o su llamado a que ya “es hora de defender nuestra revolución y nuestra madre tierra de los enemigos internos y externos”, son ejemplos de lo dicho. 

En ese contexto, ojalá que el Presidente del Estado pueda reorientar el curso de las negociaciones privilegiando la persuasión antes que la represión y la imposición o, lo que sería peor, el enfrentamiento entre sectores sociales que a nadie conviene porque, como se sabe, es fácil desatar violencia, lo difícil es pararla. 
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