El día de mañana se cumplen 4 años del primer intento de golpe departamental perpetrado por el gobierno de Evo Morales. El 11 de enero de 2007, milicias sindicales del Movimiento Al Socialismo movilizadas mayormente desde El Chapare invadieron la ciudad de Cochabamba y cercaron la Prefectura, con intenciones de tomarla y deponer al entonces titular de la misma, Manfred Reyes Villa. La movilización se desarrolló con violencia, al punto que las tropas de choque del partido de gobierno llegaron a quemar la puerta principal del edificio. Junto a la presencia masiva de cocaleros en las calles que amedrentaban a la población cochabambina, se dio el corte del suministro de agua, también provocado por las milicias pro-gubernamentales. Al mismo tiempo, un grupo de dirigentes del MAS posesionaron a un prefecto de facto. Todo esto detonó la salida a las calles de miles de cochabambinos, que marcharon hacia el centro de la ciudad. El encuentro entre ambas masas derivó en un sangriento enfrentamiento, que dejó un saldo de 450 heridos y en el que murieron Juan Ticacolque, Juan Colque y Cristian Urresti. Los dos primeros en medio de la refriega, por una herida de bala y a golpes, respectivamente, mientras que el tercero fue macheteado y estrangulado en otro sitio, cuando intentaba defender a su padre herido. El 11 de enero fue un claro caso de violencia política instigada desde el poder, ya que el gobierno desvió víveres del Servicio Civil para abastecer a las milicias sindicales, acción en la que estarían implicados los senadores masistas Leonilda Zurita y Omar Fernández, además del ex ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana. Adicionalmente, la movilización de enero de 2007 fue un ensayo para la que se realizaría en Pando en septiembre de 2008, con funestas consecuencias. A 4 años de Enero Negro, la impunidad se ha instalado. El caso de Cristian Urresti fue archivado por la Fiscalía, a pesar de que sus padres llegaron a elaborar un identikit de los asesinos, y un video donde supuestamente se veía el crimen desapareció de manera misteriosa. El caso de Luciano Colque también quedó en nada, mientras que en el de Ticacolque existió una condena pero el sentenciado sigue libre. Al mismo tiempo, el pedido planteado por el Fiscal General al Poder Legislativo para abrir un juicio de responsabilidades contra varias autoridades de gobierno por Enero Negro, no ha sido atendido. Esta es, junto a las muertes de La Calancha, Huanuni y Porvenir, una de las heridas más graves abiertas por la violencia generada a raíz de la acción u omisión estatal. Una asignatura pendiente para la justicia -humana e histórica- que sólo podrá ser saldada tras la caída de un régimen que intentó concentrar todos los poderes en una sola mano y que en el proceso se manchó de sangre, irremediablemente.
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