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lunes, 24 de enero de 2011

Los Tiempos publica jugosa crónica sobre el fiasco del intento del Fiscal Soza movilizado a EEUU y Canadá sin ningún resultado en el caso terrorismo

El fiscal asignado al caso Terrorismo, Marcelo Soza, no pudo investigar nada en su viaje a Vancouver (Canadá) porque su solicitud de cooperación jurídica no cumplía con los requisitos exigidos por la justicia de ese país sobre la supuesta célula terrorista neutralizada en abril de 2009 en Santa Cruz, según notas intercambiadas por funcionarios del Estado de Bolivia y Canadá al que accedió este diario.

En septiembre de 2010 el fiscal Soza salió del país con la finalidad de visitar las empresas Hotmail y Gmail en las ciudades de Miami y Washington y Yahoo y Hushmail en México y Vancouver (Canadá) respectivamente, para acceder a los correos electrónicos intercambiados por los implicados con el supuesto grupo terrorista bajo el mando del boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, muerto en una acción policial.

La intención del fiscal en ese viaje era complementar su investigación sobre el caso terrorismo en el que están acusadas al menos 35 personas sospechosas de cometer delitos de terrorismo-separatismo en Bolivia que terminó con la matanza de los supuestos cabecillas Eduardo Rósza Flores y sus colaboradores Arpád Magyarosi (húngaro-croata) y Michael Martin Dwyer (irlandés) el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas de Santa Cruz.

Las autoridades solicitaron la asistencia jurídica de Canadá para acceder a los correos electrónicos del proveedor de servicios de internet Hush Communication Ltda. de los presuntos terroristas.

Según la documentación a la que accedió este diario, Canadá no autorizó desarrollar ninguna investigación criminal al fiscal Soza mientras no cumpla con los requisitos de notificación y aprobación del Protocolo para investigaciones criminales extranjeros.

INFORMACIÓN INSUFICIENTE

En las notas se señala que el Gobierno de Canadá expresó su disposición de ayudar en la obtención de esa información pero considera que la solicitud no era suficiente y requerían de información adicional.

“Necesitamos demostrar que existen motivos razonables para creer que se ha cometido un delito y que las pruebas de la comisión del delito se encontrarán en Canadá”, sostiene parte de la nota de respuesta al pedido de la justicia.

Canadá pidió que se especifique las acusaciones que contienen en la solicitud, haciendo conocer la fuente de la información y complementando los alegatos señalados con su base probatoria.

Asimismo piden mayor información de los antecedentes relativos al grupo organizado que es responsable de los presuntos ataques terroristas (rebelión armada, sus objetivos y metas). Exigen identificar a los supuestos autores acusados, el enlace de éstos con Mario Francisco Tadic Astorga, extranjero involucrado en el presunto hecho delictivo.

Reclaman revelar qué información llevó a las autoridades policiales a creer que las personas que estaban hospedadas en el hotel Las Américas tendrían que ver con los presuntos delitos y por qué se los conecta con la explosión a la casa del cardenal Julio Terrazas.

En su solicitud de cooperación jurídica a Canadá, las autoridades manifiestan que sobre Tadic Astorga y Eliot Toaso encontraron evidencias pero la justicia canadiense pide el tipo de evidencia colectada y cómo ésta se conecta con los individuos.

Respecto a la evidencia secuestrada en el stand de Cotas en Santa Cruz, pide se aclare cómo se puede conectar con terrorismo y alzamiento armado y a quién pertenecían estos materiales secuestrados, ¿a los sospechosos que fueron arrestados o asesinados el 16 de abril de 2009?.

Preguntan qué información llevó a las autoridades policiales a creer que los correos electrónicos de Hush Communications fueron usados por los sospechosos en la comisión del delito.

La justicia de Canadá advirtió que cualquier contacto del fiscal o de sus colaboradores con la empresa Hushmail sería interpretado como una investigación y obstaculizaría en proceso de solicitud de cooperación jurídica internacional.

En criterio del abogado de Branco Marinkovic, Yuri Castro, el fiscal Soza no consiguió ninguna información de los correos electrónicos por eso en su acusación del 17 de diciembre de 2010 no ofreció como prueba los resultados de ese viaje.

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