Si el denominado "gasolinazo" del "Vice" sorprendió al filo del cierre de año, más aún lo hizo la marcha atrás anunciada a los pocos días por el presidente Evo Morales. La reacción contraria al decreto 748 no dejaba margen al Gobierno, corría serio riesgo, ¿se caía? Increíble, a tan sólo cinco años del anunciado período sin fin “hemos venido para quedarnos”, en casi todo el país, en la que participaron lógicamente los oposito res, sorprendentemente sumó a grupos oficialistas y gran parte de ciudadanos preocupados solamente por el día a día. Aumentar hasta el 82% el precio de los carburantes no dejaba a nadie indiferente. Y muchos se hicieron oír de manera violenta, sobre todo en La Paz y El Alto.
El recule no ha resuelto el fondo del problema. No se puede continuar con el precio subvencionado de los carburantes, ni pagando a las petroleras $us 27 por barril cuando a nivel internacional está alrededor de 90 y con tendencia a la subida. Imposible exigirles, en sano juicio, que inviertan y reviertan la constante desde hace casi tres años de menores volúmenes en la explotación. Menos todavía pretender inversiones nuevas en la exploración sin ningún incentivo, aparte de los descubrimientos extraordinarios en reservas de gas e hidrocarburos en el continente y aguas marinas americanas. La medida era quizás la primera demostración de sentido común en este equipo de Gobierno.
Pero la soberbia le rompió el saco. Se quisieron apuntar un tanto y les salió el tiro por la culata. Emborracharon la perdiz durante cinco años con precios falsos; habían frenado antes por varios años, desde una oposición sin misericordia, reajustes a los precios; tumbaron gobiernos constitucionales usando como pretexto la defensa de la propiedad de los recursos naturales y la economía popular. Al final, no hay inventor que no se jorobe con su propio invento, les alcanzó la lógica económica y tuvieron que ser los autores del combatido "gasolinazo". Todo el país, incluyendo sectores oficialistas, dijeron ¡No! Y donde más se hicieron oír, porque lo hicieron de forma violenta, en ellos lo más habitual, fue en La Paz y El Alto.
Es que la revolución supone transformar las condiciones del entorno social, político y económico del país, y eso todavía no se ha dado. Miles de palabras traducidas en mandatos constitucionales, leyes, decretos y resoluciones, al gusto de los cultores del indigenismo aimarista, quizás del socialismo siglo XXI, o del Estado Comunitarista Plurinacional, pero el desempleo no se ha reducido, el 73% de la economía es informal lo que traducido quiere decir “cada uno se salva (sobrevive) como puede”. La reducción del 10% de la miseria refleja la política asistencialista de los bonos, pero sus montos no significan escapar de la pobreza ni de la angustia del día a día, sino mayor dependencia de los que manejan los recursos del Estado. La pérdida del mercado de EEUU (ATPDEA) por la descertificación no ha sido compensada satisfactoriamente con la oferta de importación venezolana y de los 60-80 mil empleos perdidos nadie ha rendido cuentas. Eso golpea a El Alto.
Si la revolución no tiene moral está sentenciada. La política de nuevos precios a los carburantes castiga a los contrabandistas, pero al mismo tiempo quita una de las principales fuentes de ingreso a los campesinos e indígenas del Altiplano. El COA ha reportado comunidades íntegras dedicadas a la venta de gas licuado a poblaciones del Perú. Lo mismo ocurre en la frontera con Brasil. El Presidente ha hecho mención al contrabando de combustibles hasta en botellas de Coca Cola, y con eso “aseguran el día”. ¿Cómo no van a rechazar el gasolinazo, si hasta ahora el Gobierno del MAS no ha generado una economía alternativa económica a esos pueblos? Hasta los programas de “desarrollo alternativo” han sido clausurados para justificar el “antiimperialismo”. La gente no se alimenta de ideología y el estómago aguanta, pero tiene su límite. El mundo de la ilegalidad es “razonable”, porque después de ése no queda más que la opción del narcotráfico.
Y no hay revolución con corrupción. Lo demostró la URSS y todos los países comunistas satélites, cuando se documentaron las “dacha” (lugares de veraneo a nivel de la Mil y una noches) con la que se castigaban los oligarcas del partido mientras el resto se moría de hambre, igual dentro que fuera del Gulag. Hoy lo está viviendo Cuba, donde para transformar la economía socialista a una economía con mayor participación privada ya inventó la “Comisión de expertos” que decidirá en cada empresa estatal la lista de los que mantienen el empleo y la de quienes deben encomendarse a Dios, a partir de ahora, con una indemnización de 14 euros por cada 10 años de trabajo. La corrupción el pueblo la huele y reconoce de inmediato a quién golpearía más una subida drástica brusca y sin el debido consenso, al precio de los carburantes.
Se rebelan los pueblos oprimidos, aquellos a los que se mezquinan libertades, principalmente los faltos de información. Olvidar esto es caer en lo que Montaigne llamó “ignorancia abecedaria”, la que pasa por encima del conocimiento y la experiencia, en general practicada por los que renuncian del concurso de otros, a los que se empeñan en saberlo todo y sin calibrar el daño que hacen. “Con la vara que midiereis, seréis medidos”, del adagio popular. Buena oportunidad para abrir un período de diálogo con todos los sectores, escuchando “a los convencidos y a los opositores”: sinceramiento sobre las posibilidades de las finanzas del Estado, la realidad económica del sector después de la “nacionalización”, y las condiciones externas de la inversión.
Con seguridad aparecerán soluciones al difícil trance que vive toda la Nación. Y se garantizará pervivencia a las medidas a tomar, contando con el respaldo de una política de Estado.
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