El gobierno aseguró que 35 agentes de la DEA estadounidense permanecen en Bolivia quienes deberán dejar el país en los siguientes tres meses tras la decisión del presidente Evo Morales de suspender las operaciones de esa agencia antinarcóticos a la que el mandatario acusó de espionaje, informaron autoridades.
El viceministro de Defensa Social Felipe Cáceres dijo el martes que la presencia de la DEA se ha ido reduciendo de forma "voluntaria" de 126 agentes hace tres años a 35 en la actualidad.
En declaraciones a radio Erbol, Cáceres señaló que la presencia de la DEA no está amparada en un convenio específico sino en el marco general que regulan las relaciones con Estados Unidos y que los agentes antinarcóticos no reportan sus actividades a ninguna autoridad boliviana.
"No rinde cuentas (la DEA) a nadie y eso debe cambiar", dijo el funcionario cuyo gobierno espera revisar las relaciones con Washington con el nuevo gobierno estadounidense que asumirá en enero.
El domingo, el canciller David Choquehuanca declaró que los agentes antinarcóticos tienen tres meses para dejar el país de acuerdo con convenios diplomáticos entre los dos países.
"No nos va a faltar información de inteligencia para combatir a las mafias de la droga, tendremos que crear una unidad especializada y vamos a buscar contactos" con países vecinos para el intercambio de información, dijo Cáceres.
Estados Unidos rechazo que la DEA haya conspirado contra el gobierno de Morales y calificó de "falsas y absurdas" las acusaciones del mandatario. Al mismo tiempo alertó en un comunicado del Departamento de Estado que la salida de la agencia reducirá la capacidad de interdicción y con ello podría aumentar la producción de cocaína en este país.
Según Cáceres la ayuda estadounidense a Bolivia llegó a 26 millones de dólares hasta septiembre que en gran parte ya ha sido ejecutada. El paquete del próximo año será negociado con la próxima administración estadounidense.
La DEA colabora con apoyo logístico y de inteligencia en la guerra contra las mafias locales.
La suspensión de esa agencia ahondó la crisis diplomática con Washington tras la decisión de Morales de expulsar en septiembre al embajador estadounidense en La Paz, Philip Goldberg, por supuesta injerencia en asuntos internos. La Casa Blanca procedió de igual forma con el representante boliviano en Washington.
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