La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Penal Segunda, buscará reconducir el caso de la investigación sobre los hechos ocurridos en el departamento de Pando el pasado 11 de septiembre, que dejaron 18 muertos y la reclusión del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, según informó el titular de esa instancia, José Luis Baptista.
Luego de que la Corte rechazara una recusación interpuesta contra Baptista por el co-imputado y parlamentario suplente Abraham Cuellar, quien cuestionó a la Sala Penal Segunda por supuesto incumplimiento de sus deberes, dicha sala anunció que a partir de ahora buscará evitar que Fernández sea juzgado en un tribunal carente de competencias.
El presidente de la Sala Penal Segunda, José Luis Baptista, anunció que continuará con su función tutelar en la etapa preparatoria del juicio contra Fernández y se reconducirá el sistema procesal por las vías correctas porque -dijo- "no es posible que para el juzgamiento de una persona que según la Constitución tiene derecho a un juicio de privilegio constitucional como el prefecto de Pando".
El ministro argumentó que los otros investigados, Abraham Cuellar y Miguel Becerra, si no estarían procesados junto al prefecto Leopoldo Fernández, el proceso debería efectuarse en Pando, donde supuestamente cometieron los hechos delictivos y no en La Paz donde actualmente se encuentra radicado el caso. Baptista volvió a recordar que el juez de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, actúa sin competencia al tomar conocimiento de la causa en contra del ex prefecto pandino y otros co-imputados. "De modo que absolutamente por todos los marcos, el juez Quinto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Williams Dávila, estaba actuando sin competencia, porque los jueces tienen competencia por razón de materia y de territorio y en este caso no le correspondía a un juez de La Paz conocer un caso contra ciudadanos de otro distrito", afirmó Baptista.
Una vez abierto el proceso penal en contra de Fernández, Cuellar y Becerra, el Fiscal General de la República, decidió remitir antecedentes de la investigación a una Comisión Especial de Diputados que junto a la Fiscalía desarrollará la investigación bajo en control de la Corte Suprema. Mientras, grupos de simpatizantes de Fernández se manifestaron de forma pacífica ante la Corte Suprema, donde exhibieron pancartas de apoyo a la ex autoridad, y al mismo tiempo exigiendo que pueda ser sometido a un proceso acorde a las leyes vigentes.
1 comentario:
El rol del poder ejecutivo boliviano en los luctuosos hechos de Pando fue a todas luces, “vil” e “indigno”. No hubiese habido ningún muerto ni herido, no hubiesen habido siquiera enfrentamientos si es que el Señor Ramón Quintana ministro de la presidencia, es decir el más cercano al Evo Morales, no contratara y organizara, presumiblemente con dinero venezolano, a cientos de campesinos en la localidad de Riberalta cuyos líderes fueron armados y preparados para enfrentarse militarmente, mientras el grueso era cínicamente utilizado como carne de cañón.
El señor Quintana ha sido filmado en un video ampliamente difundido anunciando prácticamente en detalle sus intenciones y amenazando al prefecto Leopoldo Fernández, recientemente ratificado en las urnas por el voto popular. Es un acto de desvergüenza y cinismo descarado que a pesar de estos antecedentes se siga insistiendo en el linchamiento de Fernández. Y que se pretenda que un proceso sobre los hechos pueda prescindir del protagonista principal, el señor Quintana. El video en cuestión seria evidencia suficiente en cualquier parte del mundo `para someterlo a proceso e incluso a una diagnostico siquiátrico.
El Hecho de que el prefecto pandino, un hombre con decenas de elecciones ganadas con el apoyo de su pueblo, haya sido secuestrado y tomado de rehén por parte del gobierno constituye una violación a los derechos humanos de Leopoldo Fernández y de los principios más básicos de legalidad. Pretender que luego de haber permanecido ilegalmente secuestrado en la Paz, sometido al incesante desfile de grupos irregulares contratados para amedrentarlo, Leopoldo Fernández no pueda ser ahora conducido a Sucre de acuerdo a un fallo judicial, solo revela el alma de linchadores de quienes, empezando por el presidente Evo Morales y el Vicepresidente García Linera. sustentan semejante despropósito. Ello no es de extrañarse puesto que Morales ha señalado en reiteradas oportunidades que se ríe en la ley y Linera a estado en la cárcel por actos terroristas en los que murió gente.
La actitud de los líderes políticos de la oposición, de su colegas diputados y senadores, así como de los prefectos de la denominada media luna de no mover ni un dedo para representar los derechos del prefecto secuestrado es no solo un error político de gran envergadura sino la prueba de que la indecencia, la cobardía y la falta de hombría de bien no son monopolio del oficialismo en Bolivia. El estridente y cobarde silencio de los prefectos dice muy poco de su verdadera catadura moral y de la talla de su eventual liderazgo. Este mutismo no solo abraca el caso de Fernández como tal sino concierne la situación de decenas de detenidos varios de los cuales fueron torturados, centenares de refugiados políticos, un numero solo comparable a la cantidad de exiliados durante los 7 años de dictadura de Banzer y es cómplice de la ocupación militar de Pando, donde el masismo se aboca a la tarea de destruir a la institucionalidad y a la sociedad pandina. En Pando todo un pueblo es cautivo de estos prepotentes.
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