La verdadera revolución se da en la proyección maravillosa de la justicia
El Gobierno tiene muchas ventajas, pero si aun con esa situación privilegiada tiene miedo a someterse a las leyes y a los tribunales correspondientes, evidentemente imparciales, es porque sus afirmaciones pueden ser enfrentadas con documentos y hechos verificables. Tarde o temprano, Dios o la naturaleza premia o sanciona a las personas conforme a su conducta.
La revolución auténtica es un proceso colectivo para lograr niveles más elevados de evolución, lo contrario, es decir, la destrucción, es no sólo, un retroceso, sino un autoaniquilamiento irreparable. En síntesis, el avance de los pueblos se mide por los principios, los valores y las leyes que adoptan para resolver sus diferencias y alcanzar fines de validez universal.Ya está claramente demostrado que la violencia, el enfrentamiento entre grupos o personas, no es sino una manifestación instintiva, no contribuye a la modificación cualitativa de las estructuras humanas civilizatorias. Ya en el Siglo XXI es inconcebible un país sin normas jurídicas, sin instituciones encargadas de administrar tales valores. Aun las naciones más nuevas, en ámbito de la independencia y soberanía, ceden gran parte de sus pretensiones segmentarias por lograr sistemas jurídicos estables, universales y sintetizadores de las necesidades y aspiraciones colectivas.Allá donde el sentido de las relaciones humanas está planteado en la lógica simple de la correlación de fuerzas, obviamente, no es posible el entendimiento, la paz ni la justicia. Los más fuertes y, en esa proyección conceptual, las mayorías despojadas de espíritu, no siempre son expresiones indiscutibles de avances cualitativos, al contrario, precisamente, por su connotación meramente objetiva imponen su voluntad sin tomar en cuenta lo que la humanidad ha creado en miles de años de acumulaciones jurídicas, filosóficas y religiosas.La destrucción del Tribunal Constitucional no es casual, forma parte de una concepción de las relaciones humanas y de la organización política de la sociedad. Es, ciertamente, inconcebible que el Gobierno poseedor de la mayoría parlamentaria no hubiera, hasta ahora, designado a los miembros de dicha estructura jurídica. Hemos visto cómo el Congreso, cuando así conviene al oficialismo, resuelve prontamente las situaciones más difíciles y no puede, mejor dicho, no quiere constituir el Tribunal encargado de precautelar la constitucionalidad de los actos tanto del sector público como privado. Se supone que tal conducta no es, precisamente, por amor a la ley ni a la justicia.Dado ese vacío, la mayoría, los más fuertes, pueden imponer su voluntad sin ninguna consideración por la gente. El caso del ex prefecto de Pando, en la hipótesis de ser evidentes todas las acusaciones formuladas por el oficialismo, podía haber sido tratado con la mayor transparencia y legalidad. Los que poseen la verdad y están en el camino correcto no tienen nada que temer, no tienen porqué encuevarse en el marco de manifestaciones sociales no siempre serenas ni equitativas
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